El pleno ordinario aprueba solicitar a la empresa Energía-Proyectos, del Consorcio de la Ribera, la actividad técnica y jurídica de licitar los suministros de electricidad municipales con garantía de origen renovable.
Benifaió, 04 de abril de 2016.- En el pleno ordinario celebrado la pasada semana en Benifaió se paso a votación el decreto de alcaldía nº 344 del 11 de marzo relativo a solicitar al Área de Energía-Proyectos del consorcio de la Ribera de la actividad técnica y jurídica de licitar, en representación del Ayuntamiento, los suministros de electricidad municipales con garantía de origen renovable, en calidad de gestor energético. Todos los grupos políticos representados en el consistorio votaron a favor de la propuesta.
El decreto informaba que, dado que el objetivo general del servicio de Gestores de Energía “es la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones y la reducción del gasto económico del suministro de energía de los ayuntamientos así como la optimización de la contratación de los suministros eléctricos municipales mediante la negociación y licitación conjunta de estos”, se solicita al área de Energía-Proyectos del Consorcio de la Ribera la actividad técnica y jurídica de licitar, en representación del ayuntamiento, los suministros de electricidad municipales con garantía de origen renovable, en calidad de gestor energético.
El portavoz socialista Xavier Martínez justificó esta propuesta como una oportunidad ofrecida por la Mancomunidad para poder adherirse a proyectos de suministro de energías renovables a un mejor precio, “un acuerdo el del pleno que de momento no nos obliga a contratar sino a licitar con empresas y analizar más adelante las diversas propuestas para poder adherirse a este servicio que persigue ahorrar y consumir energía renovable”.
Este suministro energético supondría además que el Ayuntamiento de Benifaió cumpliría con la normativa de la Directiva Europea 2012/27/EU sobre eficiencia energética y la 2009/72/ EC sobre fomento de energía renovable a través de la cuál se obliga los estados miembros a reducir en un 20% para el 2020 las emisiones de gases de efecto invernadero.